Andalucía cuenta con incipientes comunidades energéticas, una fórmula novedosa para gestionar, de forma colectiva y colaborativa, la generación y el consumo de la energía.

Una comunidad energética es una agrupación de personas, pymes, ayuntamientos u otros colectivos o entidades que se unen para generar, gestionar, almacenar y consumir su propia energía renovable de forma colectiva y colaborativa, pasando de ser consumidores pasivos de energía a desempeñar un papel más activo en el mercado, con un mayor control de los costes energéticos, convirtiéndose en protagonistas de la transición energética.

A través de esta fórmula se pueden ofrecer, además, soluciones a situaciones de vulnerabilidad energética y en la lucha contra la pobreza energética, por lo que constituyen un instrumento muy interesante y de obligado conocimiento para los agentes públicos con competencias en materia energética.

¿Qué es una comunidad energética? ¿De qué manera pueden beneficiar al ciudadano? ¿Cuáles son los aspectos legales, técnicos y económicos que hay que tener en cuenta? ¿En qué contribuye este modelo de innovación social? Todas estas cuestiones se han tratado en el primer ciclo formativo sobre Comunidades Energéticas que se organiza en España dirigido a responsables públicos locales y regionales, promovido por la Agencia Andaluza de la Energía en colaboración con la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (Eneragen).

Durante dos semanas, más de 200 técnicos de agencias energéticas regionales y locales de toda España han conocido y analizado en profundidad iniciativas pioneras en esta materia para promover nuevos modelos empresariales cooperativos en torno a la gestión y control comunitario de las energías renovables, así como todos los ámbitos de actuación a tener en cuenta para su puesta en marcha.

La propia Comisión Europea, en sus directivas energéticas, insta a que los países garanticen que los colectivos vulnerables tienen la oportunidad de participar en este tipo de comunidades, un paraguas bajo el que coexisten ya iniciativas para fomentarlas como la Federación Europea de Cooperativas Ciudadanas de Energía (REScoop), que aglutina a más de un millón de ciudadanos y 1.500 cooperativas energéticas.

En España hay una treintena de actuaciones embrionarias, algunas de las cuales se localizan en Andalucía, como la de la Asociación Torreblanca Ilumina, comunidad energética y educativa nacida en este barrio de Sevilla de 18.000 habitantes, declarado Zona Desfavorecida por la Junta de Andalucía. Promovida por diversas entidades de la zona, desde su puesta en marcha a finales del pasado año, ha desarrollado diferentes actividades, fundamentalmente talleres y jornadas sobre la gestión social de la energía y la importancia de establecer medidas de eficiencia y ahorro energético.

En este sentido, la Agencia Andaluza de la Energía (entidad adscrita a las consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea), a través del marco comunitario de financiación Interreg Europe dentro del proyecto europeo POWERTY que lidera la entidad, ha presentado un proyecto piloto a la Comisión Europea para impulsar esta Comunidad Energética y llevar a cabo el montaje de una instalación de autoconsumo colectivo en los colegios y edificios residenciales para suministrar electricidad.

Otro ejemplo lo encontramos en Arroyomolinos de León, un pueblo de la sierra de Huelva con 965 habitantes, donde el Ayuntamiento y la Asociación MUTI ofrecen un servicio de apoyo y asesoramiento vecinal en materia de consumo de energía y para el impulso del autoconsumo colectivo. Una iniciativa que ha sido reconocida con diferentes premios a nivel nacional. Esta comunidad energética rural, Alumbra, ha explicado su modelo para convertirse en un operador energético local que promueve no sólo la producción y la distribución de energías renovables, sino también la capitalización de ahorros para financiar la rehabilitación energética, la gestión de residuos, procesos de economía circular, formación verde, iniciativas agroecológicas, gestión del agua, dinamización de la economía local o lucha contra la pobreza energética.

Otros casos de comunidades energéticas los podemos encontrar en Almería, por ejemplo, en el municipio de Almócita, con 104 módulos fotovoltaicos instalados sobre el edificio de usos múltiples del Ayuntamiento, que cuentan con una potencia de 50kW.

En Córdoba, Rural Bridge está impulsando un proyecto de creación de diecisiete comunidades energéticas basadas en una hibridación de tecnologías renovables en la comarca de Los Pedroches. Y en Granada, la cooperativa de servicios energéticos CooperaSE está promoviendo la comunidad energética Río Monachil para instalar en cubiertas municipales energía fotovoltaica que se consuma localmente y compartir así los excedentes.

Hay otros actores andaluces que participaron junto con la Agencia Andaluza de la Energía en las jornadas, como la empresa Turning Tables, que coordinó las sesiones relativas a soluciones tecnológicas y de gestión más novedosas disponibles actualmente en el mercado para poder poner en marcha una comunidad energética.

El ciclo de jornadas fue inaugurado por director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, quien destacó cómo las medidas de impulso a las comunidades energéticas y a la generación distribuida se encuentran ya incluidas en el Marco Estratégico de Energía y Clima, así como el apoyo económico que el Plan de Recuperación dará para programa dirigidos específicamente a las comunidades energéticas; por el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Javier Ramírez, que puso en valor cómo, en el marco del proyecto europeo POWERTY, liderado por la entidad, se está trabajando para impulsar las comunidades de energía como instrumento que permita dar soluciones a situaciones de vulnerabilidad energética; y por Mario Fernández-Ardanaz, representando a la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Cádiz que ostenta la presidencia de Eneragen, quien resaltó el importante papel de las autoridades locales como agente dinamizador de las comunidades energéticas, sobre todo en lo que respecta a la sensibilización de la ciudadanía hacia las oportunidades que ofrece la transición energética.