La electricidad es un bien esencial presente en todas las actividades de las sociedades desarrolladas. Tanto es así, que la electricidad es clave para la competitividad de la economía. Sin embargo, son muchos los aspectos relacionados con su mercado que siguen resultando un asunto de difícil comprensión para la mayoría de los ciudadanos. Saber cómo se fija su precio o simplemente entender la factura de la luz siguen siendo asignaturas pendientes para la mayoría. Y es que la electricidad presenta características diferenciadoras respecto a otros sectores: no se puede almacenar y no existe la manera de que una sola forma de generación pueda abastecer toda la demanda de electricidad. Todo esto complica el mercado y los mecanismos que se establecen para regularlo.

Mecanismos que la ciudadanía trata de entender mejor, sobre todo, cuando se producen hechos como los del pasado mes de diciembre, cuando se anunció una subida del recibo de la luz para enero que superaba el 11% y que, tras la alarma social generada, acabó siendo finalmente de un 2,3% tras la mediación del Gobierno; o después de que se haya anunciado la aplicación de un nuevo sistema de cálculo de precios a partir del 1 de abril de 2014.

Los hechos

El pasado 19 de diciembre se anunciaba una fuerte subida del precio de la luz de más del 11% para el mes de enero después de que la subasta eléctrica se cerrara con un incremento del 26,5%. Y es que la subasta tiene un peso del 45% en el recibo de la luz de los consumidores, mientras que el otro 55% lo fija el Gobierno (incluye el transporte y distribución de la luz, las primas a las energías renovables, las ayudas al carbón, etc… y donde el Ejecutivo quiere incluir también el déficit tarifario con una subida de cerca del 2%).

De esta manera, la subida final para el mes de enero iba a rondar el 11,5%. Un incremento que iba a causar estragos en el bolsillo del consumidor y que rápidamente desató todas las voces de alarma, incluida la del propio Gobierno. Así, en 24 horas, el Ministerio de Industria preparó la anulación de la subida a través del organismo regulador competente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que puede no validar la subasta siempre que se detecten comportamientos irregulares. Para ello, el Ministerio encargó a la CNMC que realizara un informe para investigar si había habido algún tipo de manipulación en la subasta. Por su parte, las compañías eléctricas que concurrieron a dicha subasta manifestaron su enfado ante tales sospechas.

Tras la polémica, el Gobierno optó por intervenir vía decreto ley y fijar la subida de la luz a partir del 1 de enero en un 2,3 %. En concreto, aprobó una subida del 1,4 % para la parte liberalizada del recibo y de un 0,9 % para el tramo que se encuentra regulado por el Gobierno. Una acción de carácter intervencionista inédita hasta la fecha y que ha llevado a muchos a cuestionar la falta de competencia real en el sector de la energía.

Para acabar con la controversia suscitada por las subastas CESUR trimestrales, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha anunciado para el próximo mes de abril su desaparición y la aplicación de un nuevo sistema en el que se tomará como precio de la energía el haya habido en el mercado eléctrico durante el periodo de consumo del recibo. Así, según el periodo de facturación, que podrá ser mensual o bimensual, el precio se fijará de acuerdo al precio del mercado mayorista. Según el Gobierno, esto conllevará una reducción del 3% en la factura de los consumidores. Según las organizaciones de consumidores, si el anterior sistema fomentaba la especulación, el nuevo propiciará subidas injustificadas.

Los conceptos

¿Qué incluye el recibo de la luz?

La factura de la luz la componen dos partes: los costes regulados y los costes de producción de la energía. Esto es así desde el 1 de julio de 2009, cuando se liberalizó el sistema y empezaron a coexistir por un lado, la tarifa fijada por el Gobierno: la Tarifa de Último Recurso (TUR) ,y por otro lado, el mercado libre (subasta). Los primeros, que suponen el 55% de la tarifa final, son aquellos que se consideran necesarios para suministrar la energía e incluyen los impuestos y peajes. Son fijados por el Gobierno y es lo que se conoce como tramo regulado. Los segundos, que suponen el 45% de la factura, corresponden al tramo liberalizado y se decide mediante una subasta trimestral.

¿Qué es significan las siglas TUR o PVPC?

En España hay 27 millones de consumidores que pueden acogerse a lo que hasta ahora se conocía como Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, tras la nueva reforma anunciada, pasa a llamarse Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Corresponden a las tarifas aplicables a todos aquellos usuarios que han contratado con su compañía eléctrica una potencia inferior a 10 kw, es decir, a la inmensa mayoría de ciudadanos.

¿Qué era y cómo funcionaba la subasta CESUR de la electricidad?

Se conoce como CESUR (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso) y se venía realizando cada tres meses. En ella, la cantidad subastada depende de lo que determine el Gobierno a través de la Secretaría de Estado de Energía, que depende del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que corresponde a lo que se prevé que se consumirá en el siguiente trimestre. La cantidad objetivo del producto base en el primer trimestre de 2014 es de 2.500 MW. La empresa que tiene la concesión de gestionarlas es OMEL Mercados, que es 100% privada, mientras que la encargada de supervisarlas es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Además de empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON), a este tipo de subastas puede acudir cualquier agente financiero (bancos, a fondos de inversión, oficinas financieras, etc.) A lo largo de la celebración de la subasta, pueden pujar por la adjudicación de un número de bloques, compitiendo con el resto de participantes para conseguir su adjudicación. Son contratos de futuros. Es importante aclarar que en estas subastas no se negocia la energía, sino su precio. Nada tiene que ver con la subasta diaria que se realiza, donde solo concurren compañías eléctricas para comprar y vender hoy (y a precio de hoy) la energía para el día siguiente.

Su funcionamiento es de dinámica descendente: los participantes conocen las ofertas de su competencia y pueden ir modificando la suya a la baja mientras la subasta está abierta. Es decir, que comienzan con un precio bastante elevado, que supera la cantidad de energía subastada. A medida que avanza la subasta, va bajando el precio y se van retirando las empresa. Cuando la cantidad ofertada por las productoras es igual a la cantidad de energía ofrecida, se fija el precio. Esta subasta no es presencial sino que se realiza a través de un sistema electrónico.

El resultado de la subasta supone aproximadamente el 80% de la parte liberalizada. El otro 20% son en realidad los sobrecostes del sistema, gastos fijos que dependen de otros aspectos, como por ejemplo el pago por capacidad que se realiza a las centrales de gas natural por estar ahí aunque no funcionen.

¿Qué es el pool eléctrico o subasta diaria?

Es el mercado mayorista de electricidad, en el que participan todos los días los productores, distribuidores y comercializadores de electricidad, así como los consumidores cualificados, a partir de una estimación de la demanda eléctrica que va a haber en España al día siguiente realizada por parte de Red Eléctrica Española (REE).

En este caso, el sistema de subasta es de puja ascendente. Los productores comienzan a presentar sus ofertas de electricidad a un determinado precio por cada unidad de producción o central generadora. Al cierre de la subasta se les paga a todos los productores el mayor precio alcanzado. Un sistema criticado por quienes consideran que debería operar un mecanismo libre de pago de intercambios de energía entre productores y resto de actores.

Este es el sistema que se tomará como referencia para fijar el precio de la luz a partir del 1 de abril.

¿Qué es el déficit tarifario?

El déficit tarifario es la diferencia entre los costes reconocidos del suministro eléctrico y los ingresos que las empresas eléctricas recaudan a través de precios y tarifas. Un déficit que ha alcanzado los 28.000 millones de euros y que levanta muchas críticas dado que, desde la reforma de 1997, el precio de la electricidad ha aumentado en más de un 70%. ¿Cómo es posible entonces el déficit? Pues -como señalan los economistas Natalia Fabra y Jorge Fabra Utray en su libro ‘No es economía, es ideología’- a que los costes se han visto incrementados aún más que las tarifas por las siguientes razones:

– Los precios del mercado alcanzaron niveles inesperados en 1997 debido a las fuertes subidas de los combustibles y a la aparición de los derechos de emisión como un nuevo coste variable.

-La preocupación por el cambio climático ha fomentado el uso de tecnologías renovables que tienen unos costes superiores. Las normas comunitarias comprometen a los Estados miembros a que en 2020 el 20% de la energía primaria total consumida provenga de fuentes renovables.

-El establecimiento de nuevas normas que incorporan servicios que no afectan a la calidad del suministro pero que tienen un coste, como las que regulan las subastas CESUR que sirven para la fijación de las tarifas o la retribución de los Comercializadores de Último Recurso (CUR), entre muchas otras.

¿Cómo se podría solucionar el déficit tarifario?

Para acabar con este déficit sólo cabrían dos soluciones lógicas: o seguir subiendo los precios a los consumidores o reducir los costes reconocidos a las empresas. La primera opción ya se está aplicando, pero aumentar todavía más la presión sobre los consumidores no parece justo ni viable. Para Natalia Fabra y Jorge Fabra Utray, la única solución parece pasar por revisar a la baja los costes reconocidos a las empresas, ya que por ejemplo “las centrales nucleares e hidroeléctricas han recuperado con creces sus inversiones, que fueron realizadas bajo un marco retributivo que les garantizaba ingresos muy inferiores a los que realmente después han venido percibiendo”. Además, también apuntan a que se podrían revisar algunas de las normas que son costosas para los consumidores y cuya utilidad podría ser cuestionable:

-Las subastas CESUR generaban un coste adicional a los consumidores de un 10%, sobreprecio que pagan los consumidores. Además, bajo esta misma regulación, la Comercialización de Último Recurso (CUR), reservada en régimen de oligopolio a las cinco principales empresas, percibe pagos regulados, en concepto de margen comercial.

-Las exportaciones españolas de electricidad se realizan a los precios del mercado spot o de entrega inmediata, sin incluir las primas a las energías renovables ni los pagos por capacidad, siendo los consumidores quienes sufragan todos esos gastos. Además, las exportaciones tienen un efecto inflacionista sobre los precios de la electricidad consumida en España.

-Cuando la demanda eléctrica supera a la producción de las centrales acopladas en algún punto del territorio, surgen congestiones en la red de transporte cuya resolución implica que las centrales mas cercanas produzcan más. Esta situación genera precios de monopolio, muy superiores a los costes de producción.

-Los costes extra financieros y de colocación de los derechos de cobro (correspondientes al déficit tarifario) en los mercados financieros son soportados por los consumidores, en lugar de por los titulares de tales derechos (es decir, las empresas eléctricas) si deciden optar por su cobro al contado frente al cobro a su vencimiento.

¿Cómo es el precio de la electricidad en España comparado con otros países del entorno?

El precio que pagan en España consumidores y empresas es alto si se compara con otros países con los que competimos en el comercio internacional. Según Eurostat, hasta el primer semestre de 2013 el precio medio por kilowatio/hora en la Eurozona era de 0,213 euros, mientras que en España el precio se situaba de media en 0,223 euros. De lo que se traduce que la luz nos sale un 5% más cara que la media de la zona euro: